Guatemala es el país más rezagado de América Latina (AL) en garantizar a las mujeres el acceso a métodos de anticoncepción, lo que trae como consecuencia niveles altos de mortalidad materna e infantil y más hijos por familia, según el artículo “El mundo de 7 billones”, publicado por el Instituto de investigación en temas de población.
La mortalidad materna es considerada un problema de salud pública; en Guatemala, existe un marco legal que declara la salud como un bien público y es el Estado el responsable directo de velar por la misma, sin discriminación, indicó la periodista Ileana Alamilla.
El consumo de drogas inyectables y las relaciones sexuales sin protección con sus parejas, son las dos principales vías por las que las mujeres chihuahuenses adquieren el virus del VIH-Sida.
El lema promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA) para el 2011, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, se refiere a la necesidad de las sociedades de eliminar el estigma y la discriminación contra las personas portadoras del VIH o de sida, de esa manera se logrará avanzar en la prevención y la atención.
Después de tres años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Debido a que la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en mujeres en el país se mantiene en ascenso, es fundamental que la Cámara de Diputados añada al menos 19.2 millones de pesos (mdp) al presupuesto para prevenir y atender a las mexicanas, demandaron organizaciones civiles.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Con este lema, organizaciones feministas latinoamericanas y caribeñas celebrarán mañana (28) el Día por la Descriminalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Solamente en la región, cerca de seis mil mujeres mueren todos los años como consecuencia de la práctica del aborto inseguro.
Funcionarias de gobierno y operadoras de justicia de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, así como organismos de cooperación internacional, se comprometieron a elevar los esfuerzos para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra las mujeres en la región.
