Mientras el Ministro del Ambiente defiende la seguridad energética como prioridad, la oposición insiste en los peligros ambientales de la exploración marina.
Seguridad energética, un petróleo más fácil de refinar y acceso a gas natural son los beneficios que el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, apunta como alicientes para que el gobierno aventure al país en una nueva iniciativa petrolera.
El acuerdo marco de cooperación entre la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) y la Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC), para explorar, explotar y refinar crudo nacional, constituye un paso decidido en esa dirección (ver UNIVERSIDAD del 17 de enero), a pesar de que el mismo Dobles reconoció que el precio al consumidor sería igual al internacional.
"La política de este gobierno -expresó Dobles en conferencia de prensa el 17 de enero- es que no se puede poner en peligro la seguridad energética, pues hay un problema de disponibilidad del petróleo".
El jerarca admitió como un obstáculo el hecho de que la economía costarricense está "fuertemente petrolizada", mas al mismo tiempo destacó que el país "tiene un enorme potencial de gas natural" y que la empresa china es la segunda empresa petrolera más grande del mundo.
Aunque reconoció que a Costa Rica se le considera un sitio de alto riesgo para la inversión petrolera, también hay estudios que arrojan un alto potencial productivo.
Por su parte, el diputado Rafael Elías Madrigal, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y quien asistió a la mencionada conferencia de prensa, manifestó que "el argumento de la seguridad energética es falaz, si uno se pregunta en manos de quién quedan esos recursos". Recordó que de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, el petróleo costarricense se venderá en el mercado interno al mismo precio que el del mercado internacional.
Además, establece que el porcentaje del producto que recibiría el Estado costarricense sería del 15% del total de barriles producidos. "Me pregunto cuál es el beneficio que esto acarrearía y encuentro que ninguno", manifestó.
POLÉMICA AMBIENTAL
Alicia Casas, facilitadora de la organización Oilwatch Mesoamérica, explicó que el concepto de seguridad energética es entendido por los ambientalistas más bien como "depender cada vez menos de los combustibles fósiles".
Casas lamentó el hecho de que el gobierno no genere un gran debate nacional sobre cuáles son las necesidades en este tema y cuáles las mejores maneras de satisfacerlas, mediante un modelo que no apueste por los combustibles fósiles.
Además de la crisis que podría generar un eventual derrame, la activista manifestó preocupación por el daño que implicarían las aguas de descarga que producen las plataformas marinas.
Esas aguas contienen entre 5 y 12 veces más salinidad que el agua de mar, lo cual afectará el ecosistema marino. "Las corrientes viajan de norte a sur, así que impactará todo el ecoturismo que se desarrolla en la zona del Caribe Sur", subrayó.
En su criterio, otro problema es el método de la reflexión sísmica, una técnica de exploración en la que la composición del terreno se estudia con ondas sonoras creadas a partir de explosiones; se trata de 18.500 detonaciones por kilómetro cuadrado.
Sobre este tema se le preguntó al ministro Dobles si los eventuales daños ambientales de la actividad, son un costo de oportunidad aceptable a cambio de acceder a una mayor seguridad energética. Replicó que "el país tiene una legislación ambiental que no se puede arriesgar; por buscar seguridad energética no vamos a bajar esos estándares, sino mas bien a subirlos".
Dobles, quien fue Presidente Ejecutivo de RECOPE, enfatizó que cualquier proyecto energético en las zonas de exploración, "se hará única y exclusivamente si es ambiental, social y económicamente viable".
Sobre la viabilidad ambiental de las técnicas de exploración petrolera, explicó que se exigirá el empleo de "las técnicas más avanzadas que existen en el mundo" y que no violen la legislación nacional.
En ese sentido, Casas consideró que se ha avanzado en una mayor capacidad de perforación, pero desconoció la existencia de adelantos que tengan que ver con protección ambiental. "Queremos saber si hay tecnología que garantice que no se derrame una gota de petróleo, así como un adecuado manejo de las aguas de descarga", añadió.
Casas también recordó que la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), fue "incapaz de monitorear la extracción de oro a cielo abierto en Miramar, al punto que la empresa huyó tras el enorme daño". Por eso considera que no hay garantías de que SETENA pueda vigilar las actividades, por ejemplo, de una empresa 5 kilómetros mar a dentro, como sería el caso de una plataforma petrolera.
Por otro lado, el diputado Madrigal dijo rechazar "rotundamente" la idea de que las leyes nacionales signifiquen una verdadera seguridad ambiental. "Hay una doble moral del gobierno, las leyes existen, pero hay una distancia grande en lo que a su aplicación se refiere", manifestó. También criticó el hecho de que "los chinos no tienen fama de ecologistas y si el daño al ambiente es un problema serio en su propio país, no creo que vengan con un gran compromiso ambiental".
CASO HARKEN
En 1994 se sancionó la Ley de Hidrocarburos, la cual facultó al estado para conceder concesiones para explorar y explotar petróleo y gas natural.
Cuatro años más tarde se adjudicaron los primeros bloques. Se trató de dos bloques en tierra y dos en mar en la provincia de Limón, otorgados a la empresa Harken-MKJ, de Estados Unidos. En el 2000 otros seis bloques, ubicados en la Zona Norte, se dieron a la empresa Mallon Oil, del mismo país.
Sin embargo, la administración Pacheco de la Espriella, ante un intenso movimiento de oposición local e internacional, emitió una moratoria sobre la exploración y explotación petrolera.
El diputado Madrigal recordó que por el caso Harken pesa una demanda contra el país de $57.000 millones (¢28.5 billones, a ¢500 el dólar). "En un eventual arreglo, podrían ofrecer la posibilidad de que la empresa se reinstale".
Al respecto, Dobles consideró que Costa Rica no podría otorgar una concesión sobre un bloque donde ya una tercera parte tiene derecho. Ante la pregunta de si ello implica que los bloques que reclama Harken están entonces vedados para la CNPC, manifestó que "depende", y que se está "conversando" sobre el tema con la Procuraduría General de la República.
Por su parte, la ambientalista Casas manifestó que hoy existen las mismas condiciones en la zona, las comunidades se dedican a la pesca y el turismo y se mantienen organizaciones como la Asociación de Lucha Anti-petrolera (ADELA). Describió el movimiento de lucha contra la actividad petrolera como "multicultural", pues participan nuevos habitantes locales estadounidenses o europeos junto a pobladores afrocostarricenses e indígenas.
"Las organizaciones continúan vivas, ADELA sigue luchando por una Costa Rica libre de petróleo. Toda la red de organizaciones se reactivará, estamos en vigilia a la espera de una mayor claridad sobre los bloques de Harken y los que se le den a la CNPC", explicó.
Añadió que "cuestionamos el modelo de desarrollo por el que se opta, pues por encima de donde se encuentra el recurso que se quiera explotar, el verdadero problema es de consumo".
Más de 90 años de explorar
La búsqueda de petróleo y la viabilidad de su comercialización no es extraña al país. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la primera experiencia fue emprendida por la estadounidense Sinclair Oil Company, en 1915, la cual estuvo hasta 1924.
Entre 1951 y 1963 fueron las también estadounidenses Union Oil Company y Gulf Oil Company las que explorararon el territorio costarricense en busca del llamado oro negro. Tres años después, en 1966, fue la francesa Elf Aquitaine la que buscó el recurso, para marcharse en 1975.
Durante la década de los 80, RECOPE también exploró de la mano de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entre 1980 y 1984; PetroCanada, entre 1986 y 1990, y con el Banco Mundial, desde 1983 a 1990.
Entre 1998 y el 2000 el gobierno costarricense adjudicó concesiones para explorar y explotar petróleo a las estadounidenses Mallon Oil y MKJ-Harken, respectivamente. En octubre del 2006 se firmó un acuerdo para exploración, explotación y refinación de petróleo con la china CNPC.
