FUNDEPAZ Lanza Libro Diagnóstico Regional de los Derechos Humanos y el DIH
La Fundación Desarrollo y Paz, FUNDEPAZ, en el marco del proyecto Observatorio Regional de los Derechos Humanos y el DIH ha editado recientemente la publicación titulada Diagnóstico Regional de los Derechos Humanos y el DIH 2000 – 2007 con el auspicio de la cooperación internacional.
En las 186 páginas del libro, organizadas en 4 capítulos se hace un profundo análisis de la situación en derechos humanos de los principales grupos de poblacionales en el departamento de Nariño. Además se analiza la evolución del conflicto armado en el departamento, en términos de la caracterización geográfica, el impacto de los megaproyectos y los cultivos de uso ilícito y la proliferación de campos minados. Finalmente se hace un breve análisis sobre las políticas públicas en derechos humanos tanto nacionales como a nivel regional y local.
El libro evidencia que la situación de la mujer en Nariño sigue siendo especialmente difícil. Aunque si bien la situación en general de las mujeres de Nariño ha mejorado en muchos aspectos tales como una mayor presencia de estas en el ámbito laboral, mayor acceso a servicios de salud o a la educación, el estudio de FUNDEPAZ revela que aún persisten prácticas enraizadas en nuestra sociedad que atentan contra los derechos humanos de la mujer. En este sentido, el libro muestra cifras que evidencian que las mujeres y niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar en el Departamento de Nariño. De acuerdo con los datos arrojados por la última Encuesta Nacional de Salud, realizada por el Ministerio de Protección en el 2005, de un total de 1.366 mujeres encuestadas, el 46,8% reportó que ha sido víctima de alguna forma de violencia física de parte del esposo, compañero u otra persona. El 40,5% de las encuestadas ha sido empujada, el 34,6% ha sido golpeada con la mano, el 19,0% ha sido pateada o arrastrada, el 11,3% ha sido violada y el 10,1% ha sido golpeada con algún objeto. Se debe aclarar que estos datos no son excluyentes, es decir, una mujer pudo haber reportado varias formas de violencia a la vez.
Otro fenómeno que vulnera gravemente la situación de los derechos humanos de la mujer en general es el que tiene que ver con la trata de personas con fines sexuales. Las cifras del número de víctimas no existen, en la medida en que el registro se realiza con base a las denuncias. Sin embargo, estimaciones del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas que es el organismo consultivo del Gobierno Nacional y el ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado colombiano a través de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, considera que aproximadamente 40.000 personas son víctimas de la Trata de personas en las diferentes modalidades al año en Colombia.
Según los datos con los que dispone el gobierno los principales lugares de origen de las víctimas son Antioquia, los Departamentos del Eje cafetero, Nariño, Valle del Cauca teniendo como otros a la costa Atlántica, Tolima, Santanderes, Cauca, Bogotá y poblaciones aledañas entre otros.
Las víctimas de la Trata de personas interna son desplazadas a los departamentos de Bolívar, Nariño, Norte de Santander, Antioquia y la ciudad de Bogotá. Estas víctimas de trata transnacional son desplazadas a Japón, España, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Holanda, Filipinas y Hong-Kong.
De acuerdo con el estudio de FUNDEPAZ, en el mes de enero del 2008 la Policía del departamento de Nariño rescató en el municipio de Ipiales a 3 mujeres que se encontraban en poder de una red de trata de personas que pretendían enviarlas al vecino país del Ecuador, con el fin de ser explotadas sexualmente.
La esclavitud sexual y la promoción de la prostitución, especialmente por parte de los paramilitares en los departamentos de la frontera Colombo – ecuatoriana son otra expresión de este tipo de violencia. En Nariño las mujeres que habitan las zonas de mayor impacto de los cultivos de uso ilícito como por ejemplo Tumaco, El Charco, Iscuandé o Cumbitara cuentan cómo, con los cultivos, llegan los actores armados y con ellos la promoción de la prostitución.
El libro hace un sorprendente hallazgo que tiene que ver con la vulneración por parte del mismo estado colombiano de los derechos civiles y políticos de las mujeres. En efecto, si se hace un análisis de la última contienda electoral se encuentran cifras como estas: solo un 7,2% de candidatos a las alcaldías de Nariño, un 9,2% de los candidatos a la Asamblea Departamental y un 14,7% de candidatos al Concejo Municipal de Pasto eran mujeres. Pero los resultados de la campaña electoral son aún más abrumadores: el 6,3% de alcaldes de los 64 municipios de Nariño y el 0% de diputados y miembros del Concejo de Pasto son mujeres. Si bien se requiere más investigación para establecer que tanto incidieron las nuevas reglas de juego en los negativos resultados de las mujeres, si se puede aventurar la hipótesis de que, en general, en el momento en que un sistema electoral aumenta las barreras de entrada (por ejemplo el voto preferente), ello refuerza otras barreras preexistentes, que en el caso de las mujeres persisten en los imaginarios y las prácticas culturales que con renovadas manifestaciones discriminan y excluyen a las mujeres.
Como se mencionó, a los niños de Nariño también se les vulneran sus derechos sobre todo aquellos que tienen que ver con la integridad física, psicológica y moral. Según cifras del ICBF-Nariño recogidas y sistematizadas por el libro, entre los años 2006 y 2007 se aprecia que se han reportado un 37,13% más de casos de abuso físico, un 6,13% de casos más de abuso sexual y un 17,29% más de casos de abuso psicológico. Además, pese a los esfuerzos de las autoridades regionales encaminados a reducir los indicadores de desnutrición, desafortunadamente estos aún exhiben elevados índices en comparación con los indicadores nacionales. Así por ejemplo el índice de desnutrición global en Nariño es del 13,2%, mientras que a nivel nacional dicho indicador es del 7%. Otro indicador que refuerza lo que se viene afirmando sobre la precariedad de la situación de los derechos de los niños de Nariño, en este caso el derecho a la salud, es el que tiene que ver con la mortalidad infantil al año por razones prevenibles. Durante el año 2006 en Nariño se produjeron 58,96 muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, según datos del DANE y el ISDN.
El mencionado libro está a disposición de la ciudadanía en general y las organizaciones sociales en particular y pude ser adquirido sin ningún costo, mandando un mensaje al correo electrónico .
